Por Juan Carlos Martínez Uno de los métodos aplicados durante el terrorismo de estado para eliminar a sus víctimas fue la llamada ley de fuga. Burdas comedias armadas con el propósito de justificar los crímenes que se cometían contra personas indefensas. Fugarse de las mazmorras donde eran alojados hombres y mujeres era imposible y los pocos que lograron evadirse protagonizaron verdaderos milagros. Esposados, encadenados, engrillados, sin fuerzas siquiera para ponerse de pie por efecto de las torturas y otros tormentos, el único camino seguro para aquellas víctimas era el de la muerte.

Por Juan Carlos Martínez Si a los condenados por delitos de lesa humanidad se les aplicara los mismos métodos que ellos emplearon en los campos clandestinos de concentración, la Argentina exhumaría en plena democracia el terrorismo de Estado.

Por Juan Carlos Martínez Lejos de alejarse de las mal llamadas políticas de seguridad, el gobernador Daniel Scioli profundiza muchos de los métodos aplicados durante la dictadura cívico-militar-clerical a través de la ensangrentada mano del genocida Ramón Camps.

Por Juan Carlos Martínez -Sé que naciste. Me lo aseguró el padre Fiorello Cavalli, de la Secretaría de Estado del Vaticano, en febrero de 1978. El párrafo precedente está en la carta del capítulo anterior (12 de abril de 1995) que le escribió Juan Gelman a su nieto o nieta nacida en cautiverio y que por entonces el poeta y escritor buscaba con la misma angustia y desesperación que buscaban a sus nietos centenares de abuelos y abuelas que estaban viviendo la misma tragedia.

Por Juan Carlos Martínez Desde que Jorge Bergoglio llegó a la cumbre jerárquica de la Iglesia Católica se han producido giros en la mirada que algunos tenían sobre el ex arzobispo de Buenos Aires. Pareciera que el trono de Pedro produce en cierta gente una milagrosa mutación. Para muchos, el Papa es una suerte de dios de carne y hueso.

Por Juan Carlos Martínez (*)   Aunque somos conscientes del ritmo y de la vara que emplean la mayoría de jueces y fiscales para medir, investigar y resolver el aluvión de causas que abarrotan los tribunales de todo el país, se nos ocurre que el caso del ministro Tierno tiene que definirse antes de que ocurra una tragedia mayor de la que desató la represión de la policía pampeana en territorio bonaerense la semana pasada contra hombres, mujeres y niños con un saldo de más de veinte heridos con balas de goma.   Los graves incidentes que viene protagonizando el colérico funcionario cuando apenas han transcurrido dos meses de su asunción, confirman que las repetidas advertencias lanzadas por distintas organizaciones sociales y el periodismo, no han sido tenidas en cuenta.   En primer lugar por los fiscales y los jueces que tienen en sus manos las herramientas legales para resolver el fallo que en primera instancia condenó a Tierno a dos años de prisión y a cuatro de inhabilitación para ejercer cargos públicos.   Tampoco el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo (en primera línea de complicidad) han puesto en marcha los mecanismos institucionales que tienen a mano para frenar tanta locura antes de que el desquiciado ministro envuelva a La Pampa en un campo de batalla de todos contra todos.   Los antecedentes que Tierno registra tanto en su vida pública como privada y lo que está dejando en cada jornada y en cada paso que da, son más que suficientes para terminar de una vez por todas con esta nueva aventura en la que nos ha envuelto un psicópata con poder.   No con el poder que le otorgan la Constitución y las leyes de un Estado de derecho sino el de su propia irracionalidad, mucho más grave aún porque dispone del poder de fuego de una policía que se ve estimulada por el desenfreno que el propio ministro les ofrece para estimular la fiebre represiva.   No hay mucho para investigar. Todo está al alcance de la mano. Tierno ha minado de odios y rencores el territorio pampeano. Su permanencia en el poder es una bomba de tiempo. Hay que desactivarla antes de que sea tarde.   Estaba escrito.   (*) Capítulo el libro El golpeador, III edición, mayo 2016, tema que cobra absoluta vigencia a partir de la muerte de un cazador a manos de la policía en la zona rural de La Gloria-Lonquimay. El gobernador Verna y la cadena de complicidades políticas y judiciales tendrán que responder por este homicidio.